El Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional expresa su preocupación en torno al proyecto de ley estatutaria de la educación

Junio 17 de 202

El Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional manifiesta su preocupación por el trámite que se ha dado al proyecto de ley estatutaria de la educación, especialmente por las modificaciones que se aplicaron a la propuesta de ley que, inicialmente buscaba garantizar la educación en todos sus niveles como un derecho fundamental.

El acuerdo pactado en la comisión primera del senado introdujo cambios que tergiversan totalmente el espíritu de la Ley. Alertamos sobre las consecuencias negativas que tendría para el sector de la educación pública la aplicación del articulado de la enmienda pactada y sus múltiples afectaciones, como la eliminación del derecho a la educación inicial, que constituye el cimiento de la vida escolar, social y emocional; esta vulneración, implicaría la desatención de los niños y niñas en las edades más importantes de su proceso educativo, y contribuiría a una mayor deserción escolar en las etapas posteriores.

Por otra parte, la imposición de la evaluación docente con carácter punitivo desconoce que los docentes vienen siendo evaluados, además se propone sin contemplar estrategias para enfrentar las situaciones que día a día se atienden en las instituciones educativas, incluyendo las problemáticas emocionales. En este punto es pertinente resaltar que lo que se requiere es una evaluación integral, acorde con las particularidades de la profesión docente y las realidades que esta enfrenta y no como una herramienta para vulnerar derechos.

En general, el articulado de la enmienda significa un gran retroceso en el campo educativo. La inclusión de categorías como la educación terciaria, la forma limitada como se enuncia la autonomía universitaria, la consideración de la educación como un servicio esencial -desvirtuando su carácter de derecho fundamental- y el debilitamiento a la financiación plena de la educación superior, constituyen propuestas regresivas para la educación pública.

En particular, queremos hacer énfasis en las consecuencias que tendría la aprobación del contenido del artículo 19 de la enmienda, relacionada con la financiación de la educación superior. La propuesta que llegó al senado enfatizaba la necesidad de priorizar la financiación en el sector público; el artículo correspondiente establecía que “El Estado garantizará, financiará y ofrecerá en forma progresiva el derecho fundamental a la educación superior priorizando la financiación de las instituciones de educación superior públicas de acuerdo con la regulación para este nivel”. En la modificación pactada se omitió la priorización de financiación a las IES públicas; luego del acuerdo, el texto quedó, “El Estado garantizará, financiará y ofrecerá en forma progresiva el derecho fundamental a la educación superior”.

Establecer en la ley la financiación a todo el sistema de educación superior, sin priorizar el sector público, desconoce el principio constitucional de garantía de la educación como un derecho, y tendrá graves implicaciones en la subsistencia de las IES públicas, que desde hace décadas sufren limitaciones presupuestales y grandes dificultades financieras para cumplir su misión. La deuda histórica que el Estado tiene con las universidades públicas escalará exponencialmente si los recursos asignados deben distribuirse entre las 300 IES que hoy hacen presencia en el territorio nacional, y no solo en las 64 IES públicas.

Hay que tener en cuenta que, aunque en la Ley 30 de 1992 se limita la financiación estatal a las universidades públicas, gobiernos recientes han destinado importantes recursos al sector privado, a través de programas como Ser pilo paga, Generación E, Jóvenes a la U, entre otros, financiando la demanda en detrimento del fortalecimiento de la oferta, lo cual trajo consecuencias negativas para el sector de la educación superior pública. Esto se viene haciendo a través de decretos presidenciales, pero de aprobarse el contenido del artículo 19 de la enmienda, quedaría consagrado en la ley la obligatoriedad de financiación estatal a las IES del sector privado.

Nuestros estudiantes, sus familias y las comunidades universitarias en su conjunto, abogamos porque el Congreso de la República respete los preceptos constitucionales y cumpla con un compromiso asumido desde hace varios años con el sector de la educación pública. Hacemos también un llamado al Gobierno nacional a comprometerse sin ambigüedades en la defensa de la educación y en la garantía de financiación plena a todas las instituciones de educación pública. Resultaría lamentable que políticas lesivas y totalmente regresivas, como las impulsadas en la enmienda pactada en la comisión primera del senado, se institucionalicen, precisamente, en el gobierno del cambio.

Es momento de estar alertas, en defensa de la educación pública.

Consejo Superior
Universidad Pedagógica Nacional