Demandas de las universidades públicas ante el nuevo gobierno

Ad portas de la primera vuelta en las elecciones a la presidencia de la República, se han desarrollado varios debates sobre el futuro del país que han abordado asuntos relacionados con la economía, los sistemas de pensión y salud, y el medio ambiente; no obstante, en el debate público se ha notado la ausencia de discusiones sobre una educación superior pública de calidad.

En ese sentido, los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) organizaron el panel con candidatos a la Presidencia de la República 2022-2026: Educación Superior Pública de Calidad, el cual fue desarrollado el pasado 25 de abril en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Se extendió invitación a los ocho candidatos a la presidencia de la república. Sin embargo, solo se contó con la participación de la candidata por el Partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt Pulecio y del candidato por el Partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez González. El candidato por el Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, había confirmado su participación, pero no pudo asistir debido a circunstancias adversas de salud.

Llama la atención que los candidatos cuya intención de voto es alta conforme a las encuestas, como Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, no asistieron al panel pese a que desde las rectorías de las universidades del SUE se insistió para que pudieran exponer y discutir ampliamente sus propuestas, aterrizadas a solucionar los problemas estructurales desde las instituciones públicas que se dedican a la formación profesional y a la producción de conocimiento en el país.

Dentro de la discusión desarrollada se resaltan las preocupaciones de las universidades sobre el tema de financiación, específicamente la reforma de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, sobre lo cual los candidatos participantes de la discusión coincidieron en la necesidad buscar un mecanismo de transferencia de recursos de la nación para resolver esta situación estructural. El candidato John Milton continuó definiendo la idea de contar con un modelo híbrido de financiación que apoye la oferta y la demanda, mientras que la candidata Íngrid resaltó que debe apoyarse la financiación de la oferta para que más jóvenes pueden acceder ese derecho fundamental de la educación. En ese sentido, la ampliación de cobertura estaría sujeta a estos aspectos. Sin embargo, no hubo detalles en cuanto a las fuentes de financiación que se emplearían para tal fin.

Al revisar los programas de gobierno de otros candidatos, es posible encontrar que, por ejemplo, Gustavo Petro señala que trabajará por una educación pública gratuita y universal. Sin embargo, en su programa de gobierno no se identifica cómo va a hacer realidad esa propuesta y cuál sería la fuente de financiación para garantizar está gratuidad universal. Por su lado, el programa de gobierno de Sergio Fajardo indica que destinará mayores recursos para ampliar cobertura y calidad, así como el fortalecimiento de la infraestructura; no es claro si planea robustecer las bases presupuestales de las instituciones del sistema estatal y de dónde movilizará los recursos. En su programa de gobierno, el candidato Federico Gutiérrez hace alusión a la ampliación de cobertura con programas de becas para la educación superior, pero no detalla cómo lo piensa realizar. Por su parte, el candidato Rodolfo Hernández indica en su programa de gobierno la intención de ampliar los cupos de las universidades públicas, a partir de la construcción de infraestructura y ajustando el modelo de admisión existente.

En el panel también se pudo poner de presente que programas que han sido tan controvertidos en el país, como Ser Pilo Paga o Generación E, deben ser analizados con detenimiento para decidir con contundencia sobre qué se haría para las nuevas propuestas de la cartera del Ministerio de Educación del nuevo gobierno. En parte, los dos candidatos presentes en el panel consideran que se deben revisar estos asuntos, pero no hay una alternativa concreta sobre si se abandonaran estas iniciativas que financian la demanda y que han trasladado los recursos de la nación a instituciones privadas.

En los programas de gobierno de los candidatos Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, es posible evidenciar una inclinación en la ampliación de cobertura y fortalecimiento del sistema de educación superior del país, con un enfoque que privilegia la financiación a la oferta. En el caso de Federico Gutiérrez, es posible evidenciar que su propuesta se fundamenta en un enfoque de subsidio a la demanda.

Frente al tema de la autonomía universitaria, en el panel se valoró su importancia y, en este marco, se analizó la normatividad existente para la renovación de registros calificados de programas y la acreditación de los mismos. El candidato John Milton indicó que, en el marco de su propuesta de Plan Maestro para la Educación Superior, contemplaría revisar y ajustar el decreto 1330 que ha establecido unos procesos para la renovación de los registros que limitan el fortalecimiento de los programas e incluso, pueden poner en riesgo la oferta educativa superior, sobre todo en las regiones. En este sentido, el candidato muestra que estaría dispuesto a reformar y cambiar esa normatividad. Por su parte, la candidata Íngrid consideró que se debe mantener, pero siendo revisada y ajustada.

De los programas de gobierno encontrados y revisados, todos mencionan la necesidad de fortalecer la calidad de la educación superior, pero lo hacen de manera general y, en muchos casos, sin puntualizar cuál sería la ruta para alcanzar dicho objetivo. El programa del candidato Rodolfo hace referencia a la necesidad de reformar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa, haciendo un ejercicio de descentralización. Los demás programas no mencionan de manera explícita la intención de reformar la normatividad vigente relacionada con este asunto.

En relación con el tema de derechos humanos, así como estigmatización y persecución a los universitarios, como lo ha venido presentando la Comisión de la Verdad en un capítulo que ha sido creado para tal fin, la candidata Ingrid Betancourt llamó la atención sobre la necesidad de reformar a la Policía Nacional para que efectivamente se dedique a cuidar la vida de los ciudadanos y a solucionar temas de bandas delincuenciales. En el caso del candidato John Milton, este se denotó crítico frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) considerando que debe revisarse el Acuerdo de Paz, en tanto este no puso en el centro a las víctimas, asunto que ha sido bastante controvertido en el país. Ello ha sido fuertemente cuestionado desde las universidades y organizaciones sociales, quienes han defendido el Acuerdo de Paz y la necesidad de su implementación para garantizar el derecho de las víctimas, la reconciliación nacional y el impulso de una sociedad justa.

Aunque por cuestiones de tiempo no fue posible abordarlo en el panel, otros de los asuntos que son importantes de analizar en las propuestas de los candidatos son sus iniciativas frente a las dificultades de género que existen en las universidades y las violencias contra las mujeres, pues sobre esto no se encuentra aspectos que nos permitan tener calidad claridad sobre cuáles son las líneas a seguir en las diferentes propuestas de gobierno.

De igual modo, otro tema que necesita análisis está relacionado con las condiciones de los profesores de las universidades públicas, pues para el 2019 la vinculación de docentes de planta correspondía al 34%, mientras que de ocasionales al 24 % y de catedráticos al 42%. Conforme a los datos del SUE, durante los últimos 30 años, el número de profesores ocasionales ha ido incrementando debido a la imposibilidad financiera de las universidades para ampliar su planta de carrera docente. En tal sentido, los docentes ocasionales de las universidades públicas del país requieren mejores condiciones laborales, ya sea en mayor número de semanas de vinculación o en la destinación de partidas presupuestales específicas para ampliar las plantas de profesores en las universidades y así cubrir esas necesidades existentes. Cuando se revisan los programas de gobierno, solo los candidatos Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández hacen una mención específica de este asunto.

Son entonces muchos los interrogantes que quedan frente a la agenda que determinará los 4 años a seguir en materia de las universidades públicas de Colombia. Algo claro es que cualquiera de los candidatos que logre ser el nuevo presidente del país, tendrá que tener muy claro cómo solucionar la crisis estructural de financiación de estas instituciones estatales teniendo en cuenta que el acuerdo suscrito entre el gobierno y las plataformas estudiantiles y profesorales en 2018 termina este año y la falta de recursos para mantener el funcionamiento de las instituciones que han aumentado su cobertura y fortalecido la investigación, la formación de posgrados y le han cumplido al país con los mismos recursos de la Ley 30, estallará nuevamente en inconformidades y manifestaciones que el gobierno requerirá resolver con urgencia.

De la misma manera, el tema de las dificultades que hay en la implementación del Decreto 1330, las críticas existentes hacia la evaluación por resultados de aprendizajes en un intento de estandarizar los currículos profesionales enmarcándolos en esta única concepción y condicionando su renovación de registro a ello y al estudio de impactos en resultados de aprendizaje para la acreditación, así como las dificultades en la puesta en marcha de la nueva plataforma SACES, serán temas espinosos que tendrá que abordar el nuevo gobierno, unido a todas las exigencias de los universitarios de desmontar el ESMAD y pedir que haya resultados concretos en materia de Procuraduría, de sanciones de agentes de la fuerza pública por temas de exceso de fuerza, así como de persecución y/o estigmatización de universitarios.

Todos estos problemas siguen sobre la mesa y seguramente tendrán que ser abordados y atendidos por el nuevo gobierno.

Leonardo Fabio Martínez
Rector, Universidad Pedagógica Nacional
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